Santander, BBVA y Bankia tienen más de 10.000 millones de activos diferidos. El sector redujo en el primer semestre el pago por Sociedades a la mitad.

El Gobierno rechaza por ahora imponer un impuesto especial a la banca para aumentar el gasto social, pero valora castigar al sector a través de otras fórmulas, como son un gravamen a las transacciones financieras o la fijación de un mínimo en la tasa fiscal efectiva más elevada que al resto de empresas (18% frente al 15% del conjunto). Este tope reducirá el uso de los activos diferidos (especie de deducciones) que acumula en sus balances por las pérdidas y provisiones sufridas durante la crisis.

Estos activos suman casi 60.000 millones, una cifra que permite aligerar su carga fiscal año tras año en función de las expectativas de beneficios y de los topes establecidos por la regulación para su uso. Una nueva limitación, con la imposición de tasa fiscal mínima, provocaría un golpe a las cuentas de resultados, principalmente de algunas entidades, que están presentando aumentos de beneficios gracias al pago de unos impuestos prácticamente nulos.

En concreto, el volumen de deducciones se sitúo en junio en 58.799 millones para los once mayores bancos contra la Hacienda española, según sus propios números. La cifra es superior, en 1.052 millones a la de diciembre del año pasado. Gran parte de ellas está garantizada, es decir, que son monetizables, al contar con un aval público por el que abonan una comisión para que puedan computar en sus niveles de solvencia.

Según los datos, tres entidades suman unos activos fiscales diferidos que superan los 10.000 millones. BBVA tiene 12.257 millones; Santander, 12.000 millones incluyendo los del Popular; y Bankia, 10.653 millones.

El grupo que menos rebajas impositivas ha acaudalado es Bankinter, con 364 millones. Además, según su consejera delegada, María Dolores Dancausa, el banco nunca ha utilizado este tipo de reducciones en el pago de Sociedades. Por ello, este septiembre, reclamó en el Congreso de los Diputados que se tengan en cuenta las diferencias a la hora de modificar la legislación.

Tasa fiscal efectiva del 12,8%

Con una tasa efectiva del 18%, el sector tendría que haber abonado al Estado 494 millones más de la cantidad desembolsada en el primer semestre de este año. Según las cifras provisionales del Banco de España, las entidades han pagado 989 millones, una cantidad equivalente al 12,8% de sus beneficios brutos.

El impuesto de Sociedades que ha afrontado el conjunto de las entidades es la mitad que el de los seis primeros meses de 2017. Entonces, la resolución del Popular disparó la cifra, por lo que no es comparable. Lo mismo ocurre con la tasa efectiva, ya que en el mismo periodo del ejercicio pasado el sistema obtuvo pérdidas por el mismo motivo.

Eso sí, la medida que pretende aprobar el Gobierno en los Presupuestos Generales que negocia con sus socios Podemos y los partidos nacionalistas no impactará de la misma manera en su rentabilidad.

Desde la llegada del PSOE a la Moncloa la banca lleva defendiendo por activa y por pasiva que ya paga demasiados impuestos y que si se tiene en cuenta otra serie de tasas, como los imputados a sus empleados y a su patrimonio inmobiliario, por ejemplo, el momento supera al de otras industrias. Además, ha destacado que en los últimos años ha contribuido al rescate de las entidades más débiles, a través del Fondo de Garantía de Depósitos y la Sareb.

Con este argumento intentan combatir el mensaje del Ejecutivo y de Podemos, que señalan que las entidades tienen ahora la obligación de arrimar el hombro después de que los contribuyentes hayan tenido que asumir el saneamiento de una parte de la banca.

Fuentes financieras destacan también que buena parte de los activos fiscales que aún acumulan en sus balances son como consecuencia de las absorciones que han tenido que realizar desde el estallido de la crisis, evitando en todos los casos una pérdidas mayores para el país al no haber dinero suficiente para cubrir los depósitos de todos los clientes. Así, por ejemplo, el Santander asumió el Popular; BBVA tomó CatalunyaBanc; CaixaBank se adjudicó Banca Cívica y Banco de Valencia; o Abanca se quedó con las antiguas cajas gallegas.

Los bancos consideran que cualquier castigo adicional repercutirá necesariamente en el flujo de crédito a la economía, que descenderá, y en su coste, que se elevará, ya que mercado y reguladores exigen unos niveles de rentabilidad.

Fuente: ElEconomista.es