La rebaja del tipo del impuesto de sociedades en el mundo desarrollado se ha acelerado en 2018, sobre todo por Estados Unidos, una tendencia de fondo que no inquieta a la OCDE, porque la mayor parte de las reformas se han producido en países que partían de un nivel relativamente elevado.

En un estudio publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que el tipo general del impuesto que graba los beneficios de las empresas es ahora del 23,9 % de media en sus países miembros, frente al 32,5 % en 2000.

En 2018 ha habido ocho Estados que han rebajado ese tipo impositivo, con una disminución media de 4,8 puntos porcentuales, frente a los 2,7 puntos de descenso constatado en 2017 (entonces también habían sido ocho los que lo cambiaron).

El cambio más significativo este año ha sido el de Estados Unidos, donde se ha pasado del 38,91 al 25,75 %.

Los autores del estudio también reseñan movimientos de caída en Argentina (aunque no forme parte todavía de la OCDE, y sin tener en cuenta las medidas de urgencia anunciadas el lunes), en Francia, Bélgica, Japón, Luxemburgo, Noruega, Luxemburgo y Suecia.

Desde 2000, todos los miembros de la organización, salvo Chile, han reducido el tipo general del impuesto de sociedades, que varía ahora desde un mínimo del 9 % en Hungría a un máximo del 34,43 % en Francia.

Esa tendencia queda reflejada en el hecho de que en 22 de los 38 Estados cubiertos por el informe el tipo en 2018 es inferior al 25 %, cuando eran sólo seis en 2000.

El responsable de política fiscal de la OCDE, Pascal Saint Amans, hace notar que pese a los «temores» de que esas rebajas sean una carrera de competencia para ofrecer el tipo más bajo a las empresas, en realidad la mayor parte de los países que han hecho reformas «parecen comprometidos, de hecho, en una ‘carrera por la media'».

Saint Amans añade que, en cualquier caso, van a examinar «de cerca la forma en que los otros países reaccionan a esta tendencia en el futuro».

Otra evolución destacada en este estudio anual son las medidas de reducción del impuesto de sociedades en muchos países, sobre todo para aligerar la fiscalidad de los asalariados con ingresos bajos o medios mediante exenciones.

La OCDE considera que ha habido progresos en la fiscalidad medioambiental, pero muy centrados en los gravámenes sobre la energía y el transporte por carretera e insuficientes para desincentivar las emisiones de dióxido de carbono.

Sobre todo, insiste en que habría que fomentar impuestos que modifiquen los comportamientos dañinos con el medio ambiente, y considera que hay margen de acción con impuestos sobre los residuos, las bolsas de plástico o los productos químicos.

En 2016, el último año para el que hay datos globales disponibles, los impuestos representaron un 34,3 % del producto interior bruto (PIB) en la OCDE, tres décimas más que el ejercicio precedente.

De hecho, fue el séptimo crecimiento anual consecutivo, una tendencia que se viene constatando desde los mínimos de fiscalidad en 2008-2009, antes de que se empezaran a hacerse sentir los efectos de la crisis económica.

El peso de los impuestos se incrementó ese año en particular en Grecia, pero también en Holanda, Letonia, Corea del Sur y Polonia, países donde el alza fue superior a un punto de PIB.

En el otro extremo, la presión fiscal disminuyó sobre todo en Austria y Nueva Zelanda, y en menor medida en Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Portugal, España y Estados Unidos.

Fuente: Expansión.com