La Agencia Tributaria ha obligado a empleados y ejecutivos de la operadora que se apuntaron a los ERE a pagar elevadas multas por calcular mal los certificados de retenciones.

La Agencia Tributaria ha encontrado un filón en los miles de personas que se apuntaron a los expedientes de regulación de empleo (ERE) o programas de bajas incentivadas de Telefónica. Según han confirmado algunos de los afectados, Hacienda ha abierto expedientes sancionadores a empleados y directivos de la operadora que se acogieron a una alternativa ofrecida por la compañía que presuntamente tenía mejor tratamiento fiscal.

En concreto, Telefónica propuso a las personas —cerca de 14.000 desde 2011— que cumplían las condiciones de los planes de suspensión individual de empleo (PSI, como se conoce eufemísticamente ahora a los ERE) aceptar cobrar un cheque en el momento de dejar la compañía por la totalidad de la prejubilación o cobrar por meses, hasta alcanzar los 63 o los 65 años, según los casos. Es lo que se denominó internamente modelo de renta.

Los que optaron por esta segunda vía dieron por hecho que el sistema de contribución propuesto por Telefónica era acorde a la normativa de la Agencia Tributaria porque toda la tramitación corría a cargo de la empresa. Es decir, se encargó de los certificados de ingresos y retenciones. Sin embargo, Hacienda ha ido llamando a los que se acogieron a esta modalidad reclamándoles cantidades relevantes de dinero por no tributar de forma correcta sus ingresos.

La sorpresa ha sido general, porque en varios casos las cantidades reclamadas por Tributos superan los 300.000 euros. Algunos de los afectados han tenido que recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a la declaración de la renta ‘paralela’ que les ha sido comunicada por carta, al no disponer en ese momento del dinero líquido por haberse acogido a la opción de cobro mensual.

Fuentes consultadas de Telefónica, que este año relevó al responsable de Recursos Humanos —Bernando Quinn—, aseguran desconocer estos casos. Pero los afectados admiten haber pedido explicaciones a la compañía, que hasta la fecha no les ha respondido por estos desajustes fiscales. Los sindicatos mayoritarios, que firmaron los planes de bajas incentivadas para personas de 53 años en adelante, tampoco han querido responder a las llamadas de este periódico para conocer su versión.

Otras fuentes jurídicas agregan que la Agencia Tributaria también ha abierto expedientes a empleados y directivos que aceptaron el planteamiento de Telefónica de aceptar parte de la liquidación en especie en lugar de dinero. En concreto, quedándose con el valor del coche de empresa o incluyendo en el pago los gastos de los colegios de los hijos porque fiscalmente tenían una deducción del 40%. Los afectados han mantenidos reuniones con abogados para agruparse en un colectivo y reclamar judicialmente a la compañía ante la Audiencia Nacional, al tratarse de unos casos que son responsabilidad de varios ministerios. Especialmente el de Trabajo, que validó los ERE.

La compañía hizo varias consultas vinculantes a los responsables de Trabajo y Hacienda para validar cláusulas que fomentaran la desvinculación de los empleados y directivos, los cuales se apuntaron a los programas de bajas creyendo que todo estaba en regla. Sin embargo, posteriormente, Hacienda no dio por buenas algunas de las citadas condiciones, motivo que hubiera sido suficiente para que muchos de los que se adhirieron a los planes no lo hubieron podido hacer legalmente, según las mismas fuentes jurídicas.

Los ajustes y el PSOE

Telefónica ha sido la compañía española más activa en reducir plantilla desde principios de siglo. Los ERE de la multinacional han sido objeto permanente de controversia tanto en las discusiones internas con los sindicatos como en las relaciones con la Administración del Estado. Hasta el punto de que el PSOE —el abanderado fue José Luis Rodríguez Zapatero— tuvo que cambiar la normativa de quién se hacía cargo de las compensaciones a los trabajadores tras lo que se conoció como ‘enmienda Telefónica’.

No en vano, la operadora ha reducido más de 38.500 puestos de trabajo a través de sucesivos ajustes colectivos llevados a cabo casi de manera ininterrumpida. El primer expediente alcanzó a 10.800 trabajadores entre los años 1999 y 2000; el segundo se elevó a un total de 13.870 empleados en el periodo comprendido entre 2003 y 2007; el tercero, materializado desde 2011 hasta 2013, supuso la disminución de otras 6.830 personas en la nómina del grupo. El actualmente vigente y que vence a finales de año supone la salida de 7.000 personas adicionales.

Fuente: ElConfidencial.com