Pese a que iba a aprobar de forma «inminente» la tasa Google o la subida a las grandes empresas, al final lo hará después de vacaciones.

L a tradicional presentación de resultados empresariales de las grandes firmas ha contado este año con un aliciente especial: la oposición a las subidas de impuestos que planea en el horizonte el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido norma general. Banco Santander, Caixabank, Bankia, FCC o CEOE han sido algunos de los que han expresado estas advertencias en público contra la ofensiva fiscal del Ejecutivo. Tras esta presión de las grandes espadas empresariales, el Gobierno de Sánchez ha postergado para después de las vacaciones las nuevas subidas de impuestos.

El impuesto más avanzado y cuya aprobación en Consejo de Ministros más urgía en el Ministerio de Hacienda era el anteproyecto de ley de la tasa Google. La propia ministra María Jesús Montero aseveró hace semanas en el Congreso de los Diputados que aprobaría de manera «inminente» el impuesto a la economía digital, la subida fiscal a las grandes empresas y el endurecimiento del diésel. Por contra, el nuevo tributo a la banca se postergaría más. Estos planes, cuyas grandes opciones estaban sin decidir, ahora son papel mojado y se han postergado hasta después de las vacaciones.

Entremedias, algunos de los principales nombres del Ibex y de las mayores empresas del país se han posicionado en contra de esta ofensiva fiscal. Las primeras en alzar la voz para cuestionarla fueron las entidades bancarias: algunas señalaron incluso que los nuevos tributos podrían obligarles a alterar su estructura societaria.

«No debería imponer impuestos sobre rentas no generadas. No es una buena práctica. Debería evitarse la doble imposición», advirtió José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco Santander, durante la presentación de los resultados semestrales de la compañía. José Sevilla, consejero delegado de Bankia, abundó en este aspecto un día más tarde. «El impuesto a la banca se basa en que ganamos mucho. Tiene muy poco sentido hablar de él en el momento actual», afirmó el número dos de la entidad, participada en un 60% por el Estado. «No es el momento ni una buena idea», opinó por su parte Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank.

No solo las empresas del Ibex han cuestionado las nuevas alzas fiscales. En su primera intervención pública como máximo accionista de FCC, el magnate mexicano Carlos Slim explicó que «los países que suben impuestos son los que más se endeudan y los que en más líos se meten». El dueño del grupo Carso pidió al Ejecutivo que «no tome el camino fácil».

También otras industrias, como la del motor o la tecnológica, ven con recelo el cambio de rumbo fiscal del Ejecutivo. Anfac, la patronal de los fabricantes de coches, ha alertado de «graves consecuencias» si se impone un veto al diésel. El presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología (Ametic), Pedro Mier, pidió al Ejecutivo, en una entrevista con ABC, «que no se castigue al sector que más crea».

Estas organizaciones van en línea con la posición de la CEOE, que directamente ha calificado como un «error» la posibilidad de implantar nuevos tributos, porque así se «lastraría» la competitividad, se recortaría la inversión nacional y extranjera y se perjudicaría la creación de empleo.

Primero, la tasa Google

Si bien todas las novedades fiscales comenzarían a aplicarse para 2019 y no antes, desde Hacienda son conscientes que la tasa Google y el impuesto a la banca requieren de mayor apoyo parlamentario, al deberse tramitar como proyectos de Ley. Toda vez que el reciente rechazo del Congreso de los Diputados a los objetivos de estabilidad, base para el techo de gasto para las cuentas de 2019, ha expuesto la debilidad política del Gobierno Sánchez.

La tasa Google es el impuesto que Hacienda tiene más cerrado: el anterior equipo de Cristóbal Montoro lo dejó muy perfilado. Por ello es el primero en la agenda para aprobarse en Consejo de Ministros.

El de la banca concita mayores dificultades. Fuentes conocedoras apuntan que representantes de los principales bancos han podido reunirse con la titular de Economía, Nadia Calviño, pero no así con Montero, que ha preferido no dejar espacio a presiones del sector. «El sector bancario en España está sujeto a una fiscalidad más onerosa que otros», critica Víctor Mendoza socio responsable del sector financiero en el área fiscal de KPMG Abogados.

Algo parecido ocurre con la subida a las grandes empresas: Hacienda les quiere fijar un tipo mínimo en Sociedades del 15% para así limitar las deducciones, créditos fiscales y demás que se acogen las mayores compañías del país. «Es una fórmula muy compleja, porque si es sobre resultado contable provocará que las grandes empresas paguen por sus beneficios en el extranjero por los que ya han tributado fuera», incide Ramón Palacín, socio de Fiscalidad Internacional de E&Y Abogados.

«Las normativas forales ya prevén tributaciones mínimas y éstas no se establecen sobre el resultado contable», añade Pelayo Oraa socio del área de Impuesto sobre Sociedades de KPMG Abogados.

Ejemplos forales

En Navarra el tipo mínimo efectivo es del 13% sobre la base liquidable, mientras que en País Vasco es del 17% de la base imponible para las grandes empresas y del 15% para pymes. Si se toma el resultado contable –beneficio en todo el mundo de las empresas españolas– las grandes empresas españolas pagaron un 6,1%, por debajo del tipo nominal del 25%, pero al tomar la base imponible el tipo se eleva hasta el 19%. Mientras, la desaceleración de la economía también parece materializarse, otro factor que puede explicar este parón en los planes tributarios.

Fuente: Abc.es