Una opción del Gobierno para incrementar la presión fiscal a la banca está en los activos fiscales diferidos (DTA). La AIReF cree que la banca presiona el déficit en 2.700 millones.

Los bancos españoles, que inician este miércoles su breve pero intensa temporada de resultados, siguen pendientes del Gobierno con escepticismo e incertidumbre. Los analistas esperan que las grandes entidades superen los 4.000 millones en beneficio en el segundo trimestre, pero su máxima prioridad es ver las expectativas de los ejecutivos sobre el impuesto a la banca.

Los bancos de inversión lo han cuantificado entre el 2% y el 10% del beneficio del próximo año, una horquilla que muestra la incertidumbre sobre la tasa que prometió Pedro Sánchez. Una de las opciones que están encima de la mesa consiste en endurecer el tratamiento impositivo sobre los activos fiscales diferidos (DTA), lo cual es especialmente relevante, ya que se acercan a los 40.000 millones de euros. Santander ya ha anunciado que usará 1.000 millones este año por el Popular, lo que unido a los esquemas de protección de activos (EPA) por el ladrillo protegido en BBVA y Sabadell, heredado de Unnim y CAM respectivamente, provocará un desvío en el déficit público de 2.700 millones como secuela de la crisis financiera, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Los bancos españoles tuvieron que realizar provisiones ingentes tras los célebres decretos Guindos de 2012, en el peor momento de la crisis económica. Esto fue la antesala de la reestructuración financiera con una oleada de concentraciones. Las entidades guardaron grandes cifras en balance para elevar su solvencia frente al ladrillo tóxico, en un periodo de beneficios reducidos o nulos.

Hacienda y Economía alcanzaron un acuerdo para que los bancos pudieran deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, las aportaciones a planes de pensiones y, sobre todo, las provisiones, sin realizar un excesivo quebranto al deteriorado saldo presupuestario del Estado. Así, tras estudiar la legislación en otros países, implantaron los DTA con los que reducir la carga fiscal de futuros beneficios. Y para que fueran considerados como activo saneado del balance en los requisitos de capital, el Gobierno los garantizó desde 2013 como “derecho a la conversión de los mismos en un crédito exigible frente a Hacienda” hasta un máximo de 30.000 millones en caso de pérdidas o de liquidación, y la posibilidad de canjear por deuda pública el saldo de DTA que no pudieran deducirse en 18 años, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda.

Tasa impositiva del 1,5%

Pero esto levantó suspicacias en la Comisión Europea, que puso en vigilancia estos activos para valorar si constituían una ayuda del Estado incompatible con la legislación comunitaria, un estudio que también se realizó para Italia, Portugal y Grecia. Así, en 2013 se impuso una tasa del 1,5% sobre estos activos pendientes. Una tasa que está entre las opciones del Gobierno para elevar la presión fiscal sobre la banca, en el marco de la recaudación extra de 1.000 millones de euros que prometió Pedro Sánchez, según fuentes del sector.

Según cálculos de los técnicos de Gestha a los que ha tenido acceso este medio, los bancos acumulan 39.337 millones de euros en activos fiscales diferidos. Este ‘stock’ está estimado con las cifras de las cuentas consolidadas de los bancos entre 2011 y 2016. Por su parte, Goldman Sachs estima en un informe para clientes sobre la banca española que Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja suman 37.652 millones en DTA.

Precisamente, el banco de inversión norteamericano se explaya en un análisis en el que el impuesto a la banca es protagonista. Ve cuatro opciones, dos que pasarían sobre una tasa en torno a los beneficios, un incremento de la tasa de depósitos o un aumento en la que se impone por los DTA. Goldman hace una simulación con una escalada en la presión fiscal sobre los DTA desde el 1,5% actual hasta el 3,64%. Con ello, el Estado recaudaría 804 millones de euros extra en 2017 sobre una estimación base de 565 millones con el 1,5%.

Bajo este cálculo del gigante estadounidense, Bankia sería la entidad más perjudicada, con una aportación al erario público de 161 millones, el 17,5% del beneficio estimado por Goldman para 2019. En Unicaja, el mordisco sobre las ganancias alcanzaría el 15%, y el Sabadell, el 12%. Por su parte, en CaixaBank sería del 5%, en BBVA del 4%, en Santander del 2% y en Bankinter, casi inexistente, del 0,3%.

En los últimos datos disponibles a través de las ejecuciones presupuestarias anteriores, la Agencia Tributaria recaudó 479,9 millones en 2015, lo que supone casi 32.000 millones en DTA garantizados en aquel momento, cifra que ha aumentado entre un 17% y un 23% más según los cálculos de Goldman Sachs y Gestha. El sindicato estima que si se redujera el tipo nominal de sociedades que soporta la banca en el 30% al 25%, supondría un deterioro de los DTA de 6.400 millones, por lo que Mollinedo considera que la reforma fiscal de 2014, como el impuesto a los depósitos creado en 2013 a tipo cero y después en el 0,03% para evitar gravámenes autonómicos, supone “guiños al sector financiero”.

Fuente: ElConfidencia.com