Los expertos apuestan por igualar la tributación en materia medioambiental de las comunidades autónomas y del Estado para aportar una mayor coordinación y cohesión, puesto que la regional es abundante frente a la escasa legislación nacional.

Durante la presentación del trabajo «Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma» de la Fundación Impuestos y Competitividad, los ponentes han destacado la «incoherencia» que deriva de la gran cantidad de impuestos medioambientales autonómicos -79 clases-, en tanto que no existe una ley marco a nivel del Estado que unifique estas figuras.

El trabajo propone una reforma general que dote al sistema de simplicidad y estabilidad, con finalidad medioambiental efectiva, y entre otras medidas apuesta por gravar el nivel de emisiones de CO2 y su contenido energético, suprimir el impuesto de matriculación y de circulación, sustituyéndolo por un impuesto a la tenencia de uso y vehículos, y un gravamen sobre el ruido.

La subdirectora general de Relaciones Tributarias con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Hacienda, Elena de Ancos, ha señalado las dos posibilidades que favorecerían esta cohesión, o bien un tributo estatal en esta materia (que absorbería los autonómicos, aunque tendría que compensar a las regiones) o bien una coordinación entre autonomías para que los impuestos se parezcan entre ellos.

En lo que respecta a la primera vía, resulta más sencillo ya que cumple con la voluntad de un solo legislador, aunque supone un retroceso en la autonomía tributaria de las regiones.

En el caso de la segunda, la armonización, la complejidad reside en el diseño de una estructura que acoja los diversos impuestos autonómicos.

De acuerdo con el director general de Tributos de Hacienda, Alberto García Valera, estas medidas en favor de una unidad de mercado acabarían con fenómenos como el del «turismo de residuos», algo que sucede entre Madrid y las dos Castillas, y ha apostado por tasas locales de basura para que el contribuyente internalice la necesidad de un mejor tratamiento de los residuos sólidos.

Por otro lado, García ha insistido en la idea de que la fiscalidad medioambiental no debería tratarse únicamente de nuevos gravámenes, sino que podría incluir beneficios fiscales en la renta para que las «personas físicas y jurídicas» busquen una mejora energética de sus usos.

Otra medida que ha puesto sobre la mesa es que la tributación local en materia ambiental incluya bonificaciones a través de impuestos -como el de bienes inmuebles- y que sea potestativo, de modo que los Ayuntamientos que lo deseen puedan implantarlo.

En representación de la CEOE, Bernardo Soto ha subrayado la preocupación existente dentro del empresariado por cómo se está abordando la imposición medioambiental y la divergencia existente.

Soto ha destacado que los 79 impuestos existentes solo suponen un porcentaje muy pequeño de los ingresos fiscales del Estado, unos 2.000 millones de euros, pero que tienen un impacto directo sobre pequeñas y medianas empresas, donde el gravamen tiene «mayor capacidad para hacer daño».

Fuente: ElConfidencial.com