La medida se limita a edificios con fines lucrativos y no se aplicará a los centros vinculados al culto o la asistencia social.

El Ayuntamiento de Valencia comenzará este año a girar recibos de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el de Actividades Económicas (IAE) a entidades religiosas con «actividades lucrativas» en la ciudad.

El equipo de gobierno que preside Joan Ribó calcula que con esta medida podría recaudar seis millones de euros, aunque la Concejalía de Hacienda aclara que se trata de una estimación al alza de las entidades religiosas que, como las vinculadas a la Iglesia católica, están exentas del pago de impuestos.

El régimen tributario por el que se rige la Iglesia es la actual Ley de Mecenazgo, cuya aplicación se extiende a todas las confesiones religiosas que tienen suscritos convenios de colaboración con el Estado, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y las federaciones deportivas.

El artículo 15 de la norma incluye un apartado por el cual se determina que estarán «exentos» del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los edificios de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, y eso incluye a la Iglesia.

El concejal de Hacienda de Valencia, el socialista Ramón Vilar, entiende que no resulta necesario modificar la ley, vigente desde el año 2002, para cobrar tributos a los a los edificios administrativos no destinados al culto que realicen actividades lucrativas sometidas al principio de libre competencia, sea quien sea el titular.

Para ello, esgrimirá dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Baleares –referida a «una panadería que no pagaba impuestos porque pertenecía al Arzobispado de Palma», ha precisado– y otra en términos semejantes dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –relativa a un caso de la ciudad de Getafe (Madrid)–. En ese ocasión, se dio la razón al Ayuntamiento para que cobrara 23.000 euros por un salón de actos cuyo uso no es religioso.

Con este argumento, el edil de Hacienda advirtió de que «voy a girar todo lo que pueda y también con cuatro años de retroactividad si puedo porque lo deben».

La nueva medida tributaria del Ayuntamiento de Valencia no afecta ni a las parroquias ni a los inmuebles dedicados a la asistencia social, pero su anuncio coincide con el dispositivo desplegado en la ciudad con motivo de la llegada de los 629 inmigrantes rechazados por Italia que atracaron el pasado domingo en la flotilla encabezada por el Aquarius.

La Iglesia católica en Valencia acogerá a 40 migrantes procedentes del buque con los recursos de que dispone a través de Cáritas diocesana y la Ciudad de la Esperanza.

Durante el pasado año, la primera entidad atendió a 53.000 personas, de las que cerca de la mitad fueron inmigrantes, tanto en situación legal como irregulares que solicitaron asilo.

Pese a ello, el Ayuntamiento gobernado por Compromís, el PSPV-PSOE y València en Comú –la marca con la que concurrió Podemos a las elecciones municipales– ha puestos en su punto de mira a la Iglesia católica para incrementar sus ingresos en seis millones de euros anuales sobre un presupuesto total de 811.

La Concejalía de Hacienda sostiene que la revisión del Concordato con la Santa Sede «no resulta imprescindible para modificar la ley»ni tampoco supondrá un obstáculo para aplicar las nuevas medidas tributarias.

En este caso se encontraría instituciones académicas como la Universidad Católica de Valencia, propiedad del Arzobispado, y sanitarias como el Hospital Casa de la Salud, cuya facturación supera el millón de euros al año.

El pasado año, el Ayuntamiento de Valencia ya planteó esta propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, ahora ha optado por emprender el camino en solitario. Al respecto, el concejal de Hacienda lanzó ayer un mensaje a las entidades religiosas: «Me parece bien que se acojan a las leyes que les beneficien pero yo me voy a acoger a las que benefician a la ciudad ».

«No es un privilegio»

El Arzobispado de Valencia declinó ayer valorar la medida anunciada por el Ayuntamiento. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española siempre ha defendido que la exención del IBI no constituye un «privilegio» para la Iglesia católica, ya que recibe el mismo régimen fiscal reciben todas las fundaciones y las federaciones deportivas.

Fuente: Abc.es