Los ingresos públicos cayeron hasta el 37,9% del PIB en 2017, solo por delante de Letonia, Lituania e Irlanda. Para alcanzar a la media europea, tendría que elevar la recaudación en 96.600 millones.

España repitió en 2017 como el país europeo con mayor desfase presupuestario, equivalente al 3,1% del PIB. Eurostat validó los datos adelantados por el Ministerio de Hacienda, lo que deja a España como el único socio que todavía no ha conseguido alcanzar la meta del 3% de déficit público. Los ingresos volvieron a ser insuficientes para financiar el gasto de las diferentes administraciones públicas, pero ¿dónde estuvo el principal problema? Si se compara con el resto del continente, el defecto de España se produjo en los ingresos.

España se convirtió en 2017 en el cuarto país de la eurozona que menos recauda, con unos ingresos que se quedaron en el 37,9% del PIB. Las diversas rebajas de impuestos que ha realizado el Gobierno en los últimos años han provocado que los ingresos públicos hayan crecido menos que el PIB nominal, algo que no suele ocurrir en las fases expansivas del ciclo económico.

España se ha quedado muy rezagada con respecto a Europa en recursos públicos. Esa ha sido la estrategia del Ejecutivo: reducir el tamaño del sector público para que el dinero esté en manos de los ciudadanos y las empresas. Es lo que ha repetido el Gobierno en innumerables ocasiones, y los datos avalan su promesa. En 2017, solo hubo tres países con menos ingresos públicos que España: Irlanda, Letonia y Lituania. En el caso de las repúblicas del Báltico, optaron por mantener un Estado pequeño desde la caída de la URSS. Por su parte, Irlanda tiene un nivel de PIB muy elevado por la cantidad de multinacionales con filial que se benefician de todas las facilidades fiscales que ofrece el país, lo que hace que su recaudación sea muy baja.

El resto de los grandes países europeos están muy lejos de España. Por ejemplo, Alemania recauda el 45,2% del PIB, ocho puntos más que España; Italia, el 46,6%, y Francia, el 53,9%. De esta forma, el Gobierno ha conseguido que España salga de la crisis con su nivel de recaudación casi tres puntos inferior al que tenía en plena burbuja inmobiliaria. Ha seguido el camino opuesto al del conjunto de Europa, que ha optado por reforzar el Estado de bienestar con un impulso del sector público. Por ejemplo, los países de la eurozona recaudaban en torno al 44,5% del PIB antes del estallido de la crisis y actualmente sus ingresos superan el 46%.

Mientras los países europeos ajustaban su déficit elevando los ingresos públicos, lo que ha hecho España es recortar el gasto para avanzar hacia la estabilidad presupuestaria. De cara a los próximos años, la intención del Gobierno es reducir más el peso del gasto público para aproximarlo a ese 38% en el que se mueven los ingresos.

¿No hay dinero para las pensiones?

El mayor problema con el que se ha encontrado España es que tiene muy difícil seguir rebajando el peso del sector público sobre el total de la economía y mantener el Estado de bienestar al mismo tiempo. De hecho, el Estado de bienestar ha sufrido importantes ajustes durante los últimos años. Sin embargo, el envejecimiento de la población genera una gran presión sobre el gasto público, tanto en pensiones como en sanidad y dependencia. Esta situación obliga a fiar el ajuste al crecimiento del PIB. Esto es precisamente lo que ha planteado el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado: quiere que toda la reducción del déficit sea cíclica y nada (o casi) estructural.

La consecuencia es que el peso del sector público sobre el PIB se sigue reduciendo. En 2017, los ingresos de las distintas administraciones públicas se quedaron en el 37,9% del PIB, 8,3 puntos por debajo del conjunto de la eurozona. Este nivel de ingresos públicos tan bajos es lo que resulta incompatible con el mantenimiento de un Estado de bienestar sólido.

El gasto en pensiones es el mejor ejemplo. La Seguridad Social arrastra un déficit que supera ampliamente los 17.000 millones de euros y que no se reduce ni siquiera en esta fase expansiva del ciclo económico. Para evitar la quiebra del sistema, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy aprobaron dos reformas que se centran en contener el gasto público. Eso no significa que la economía no genere los recursos suficientes como para subir las pensiones. Simplemente refleja las tensiones de España para mantener el Estado de bienestar con unos ingresos públicos que no alcanzan el 38% del PIB.

Si España recaudase lo mismo que la eurozona, contaría con 96.600 millones de euros extra para elevar el gasto público. Esta cuantía es suficiente para pagar todas las pensiones de jubilación contributivas, que en 2017 costaron 82.800 millones, y todavía sobrarían 14.000 millones para pagar también las pensiones de invalidez. En definitiva, el sostenimiento del Estado de bienestar es una cuestión política, no económica. España tiene recursos para cubrir todo el déficit sin realizar ningún ajuste más, pero eso obliga a elevar los impuestos y mejorar la eficiencia de la Agencia Tributaria para sacar a flote la economía sumergida.

Fuente: ElConfidencial.com