La agencia de medición de riesgos Moody’s ha valorado hoy el dictamen del Tribunal Supremo que establece que sea el cliente el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, ya que evitará que los bancos hagan frente a una catarata de demandas.

En una nota, Moody’s señala que hubiera sido «difícil» calcular la magnitud de la responsabilidad de los bancos españoles si el tribunal hubiera considerado que eran las entidades financieras las que debían hacerse cargo del pago, sobre todo por la imposibilidad de saber cuantos contratos ya vencidos podrían haber reclamado.

No obstante, dicha cantidad habría excedido con creces lo que los bancos ya han tenido que reembolsar en función de distintos y previos fallos judiciales, como los de las cláusulas suelo, que Moody’s sitúa entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Tras décadas pagando los gastos de constitución de una hipoteca, prosigue Moody’s, hace unos pocos años que los consumidores españoles comenzaron a cuestionarse estos pagos, lo que se sumó a la lista de contingencias judiciales a las que han hecho frente los bancos españoles.

Moody’s recuerda que el número de reclamaciones presentadas ante el servicio de reclamaciones del Banco de España en 2017 superó las presentadas en cualquiera de los diez años anteriores, y casi triplicó las presentadas en 2016, la mayoría de ellas relacionadas con los gastos de constitución de hipotecas.

La cuestión adquirió una especial relevancia tras la decisión adoptada en diciembre de 2015 por el alto tribunal, que estimó «abusivo» que fueran los usuarios los que tuviesen que hacerse cargo de todos los gastos.

Ese dictamen provocó un «aumento dramático» en el número de consumidores que demandaban que los bancos les reembolsen todos los gastos, pero el pasado miércoles el Supremo estimo que el mayor de dichos desembolsos, el impuesto de actos jurídicos documentados, corresponde al consumidor, un veredicto «esperado» según los expertos y muy criticado por los consumidores.

Pese a todo, la banca española sigue aún expuesta a reclamaciones de los clientes, pero su impacto será mucho menor a partir de ahora tras la decisión del Supremo.

El pasado miércoles 28 de febrero el Supremo descartó que hubiera abuso en la aplicación sobre el prestatario del impuesto de actos jurídicos documentados remitiendo así a su propia doctrina, que determinó que el banco sólo debe abonar los gastos de notaría o registro, apenas el 10 % del total.

Fuente: ElConfidencial.com