Las grandes multinacionales, como los gigantes mundiales del automóvil, son identificados con gran frecuencia como las principales –o incluso las únicas– víctimas de la guerra arancelaria que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha desencadenado a principios de este mes.

Sin embargo, en una economía globalizada, los efectos del enfrentamiento serán mucho mayores, e impactarán también en las empresas de menor tamaño y sus plantillas. En España, pueden dar fe de ello las decenas de miles de firmas de ese tipo que mantienen una relación exportadora recurrente y estable con la primera potencia mundial. Según los datos más recientes de la Compañía de Gestión Integral de Crédito Comercial (CESCE), en 2024, unas 26.726 pequeñas y medianas empresas vendieron cantidades significativas de sus productos en EEUU. Y no son las únicas víctimas potenciales del conflicto arancelario. A ellas hay que sumar los miles de proveedores que les suministran equipos, componentes, recambios… Cuantificar cuántos son estos últimos resulta imposible, pero los expertos aventuran que el total de pymes afectadas, de una u otra forma, por la ofensiva contra el multilateralismo de Trump sobrepasaría las 30.000 compañías solo en suelo español.

Los principales objetivos de los gravámenes son México, Canadá, China y, en poco tiempo, la UE. En concreto, Trump declaró el pasado mes de febrero que «la UE se creó para fastidiar a Estados Unidos», a la vez que anunciaba aranceles del 25% para toda la Unión Europea sin distinciones.

Aunque el presidente de EEUU anunció este impuesto «en términos generales», insistió en que se enfocarían con especial ímpetu en los coches, además de los ya anunciados para el acero, aluminio e industria farmacéutica. Esta decisión tomada por el Ejecutivo de Donald Trump podría traer consigo una reestructuración del panorama competitivo y de las industrias nacionales, que conllevarían una mayor apuesta por los productos made in USA con el objetivo de blindarse y que así los efectos arancelarios sean los menores posibles. Ante esta situación, las pequeñas y medianas tendrán que adaptarse a las circunstancias. En este sentido, Raúl Mínguez, director del servicio de Estudios de Cámara de España, destaca que, aunque las pymes tienen menos margen de maniobra, algunas de las opciones son reducir los márgenes, instalarse en el mercado de destino, reexportar desde países que no entran dentro de la política y negociar con los importadores.

La primera opción, relacionada con reducir los márgenes de la exportación, conlleva unos costes asociados al asumir las empresas parte de ese incremento y no trasladarlo al importador, «pero las pequeñas empresas lo tienen más difícil porque los márgenes suelen ser más contenidos», afirma Mínguez.

Con respecto a instalarse en el mercado de destino, las pequeñas y medianas empresas tendrían que llevar a cabo una gran inversión para desplazar su producción a otros países, aunque «esto tampoco está al alcance de pequeñas empresas. Las grandes en algunos sectores sí que lo pueden realizar. Es el caso, por ejemplo, de las compañías de aluminio y acero, que en el pasado también sufrieron el gravamen, y son empresas de una mayor envergadura y sí que llevarían a cabo inversiones en EEUU para mitigar ese impacto».

Por otro lado, el director del servicio de Estudios de Cámara de España ve más viable para este tipo de compañías diversificar los mercados de sus exportaciones, es decir, si un mercado se encarece, buscar otras alternativas dentro de las naciones en las que haya una demanda similar de ese producto, tratando de cubrir o de compensar esa caída. Pero también se podría poner el foco en países en los que no afecte el impuesto. Por ejemplo, buscar un país al que Estados Unidos no le aplique esos aranceles y, desde allí, reexportarlo a Estados Unidos buscando socios comerciales.

Otra opción es negociar con los importadores. Se podrían plantear envíos mayores que permitan reducir los costes del transporte o de la logística y tratar de compensar parcialmente el incremento del impuesto en las fronteras. Es decir, que en lugar de hacer 20 envíos al mes, que se pueda hacer uno de mayor envergadura para compensar el arancel.

Y luego, otra estrategia, es la de conocer en profundidad cuál es el contenido del impuesto. Dentro del comercio exterior, los productos se clasifican en cientos de categorías, hay multitud de partidas arancelarias y cada una de esas puede tener un arancel diferente. En definitiva, la pyme tiene que conocer cuál es el contenido de ese arancel para tratar de buscar esos resquicios que puedan mitigar el incremento.

Regiones afectadas por los aranceles
A pesar de que Cataluña y Madrid son las regiones más afectadas por la política de impuestos a las fronteras de Donald Trump por su gran volumen de empresas, es importante destacar que otras comunidades autónomas menos industriales, como con Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia -entre otras- también verán disminuir su producción por los aranceles en EEUU. En concreto, las tres regiones mencionadas destacan por su producción de bienes agropecuarios, uno de los sectores más golpeados por el gravamen estadounidense y que entraron en vigor el pasado dos de abril.

Además, la Comunidad Valenciana será doblemente golpeada por las tasas del 25% a los automóviles, que afectarán tanto a las fábricas oficiales como a sus proveedores en la región. Cabe destacar que ya en octubre de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, la Administración estadounidense impuso aranceles del 25% a productos agroalimentarios europeos. Entre ellos, el aceite de oliva, el vino, el queso, y otros bienes fundamentales para el sector español.

En ese momento, los aranceles se utilizaron como represalia en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el contexto de la disputa comercial por las ayudas públicas europeas a la empresa Airbus. Y es que, no solo fue afectado el sector agroalimentario, también el aeronáutico, automovilístico, bienes de lujo y productos tecnológicos, similar a los actuales. Las consecuencias de esta política, confirma Mínguez, fue de una caída de la demanda de los productos «sobre todo los alimentarios». «Ante esa situación o bien se restringe el consumo, o bien se compra en otros mercados más económicos. El aceite de oliva perdió una participación en el mercado estadounidense de alrededor del 60%, pero no todo el aceite de oliva en sus formatos se vio afectado. Eso es lo que dio lugar a que las empresas, cuando ya vieron cuál era la aplicación efectiva del impuesto, trataran de adaptar el envasado a los que quedaban excluidos del arancel».

Inevitablemente, la política que ha adoptado Trump desde su vuelta a la Casa Blanca va a tener consecuencias directas en el valor de las exportaciones. Y es que, las últimas estimaciones que ha realizado la Cámara de Comercio de España estima que el impuesto del 25% a las importaciones de acero (incluyendo hierro) y de aluminio (incluyendo sus manufacturas) podría suponer una reducción del 10,4% del valor total de las exportaciones españolas de estas partidas destinadas a EEUU.

El presidente de Estados Unidos achacó su decisión de imponer los aranceles a estos productos a que «desde el exterior se trata de manera injusta a los productos estadounidenses».

Y es que, Trump reclamó que en la Unión Europea se aplican aranceles del 10% a las importaciones de vehículos, mientras que desde EEUU mantienen una tasa del 2,5% para turismos extranjeros. En este sentido, el magnate estadounidense puso de manifiesto el déficit por la escasez de exportaciones: «Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares (335.000 millones de euros). No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada. Se llevan muy poco. Y vamos a tener que solucionar eso. Y lo haremos, no me cabe duda», declaró el presidente de Estados Unidos. Cabe destacar tras esas declaraciones que España tiene un déficit comercial con Estados Unidos de 10.000 millones de euros tras haber duplicado las compras en los últimos cinco años con el objetivo de evitar los aranceles que, ahora, ya son una realidad.

Fuente: El Economista