La Comisión de Hacienda aprueba la Ley de Lucha contra el Fraude. Se han introducido la mayoría de enmiendas del PSOE, como la que avala las inspecciones sin aviso y las que endurecen los requisitos sobre las Sicav y las Socimis.

Vuelven las inspecciones fiscales por sorpresa, habrá más control a las Sicav y un golpe fiscal a las Socimis. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó ayer la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que remitirá al Senado. Entre las enmiendas del Grupo Socialista que se han aprobado, destaca la que avala las inspecciones por sorpresa de la Agencia Tributaria tras ser anuladas por el Tribunal Supremo en octubre.

La sentencia del Supremo, que anuló por defectos de motivación la autorización judicial que habilitó a Hacienda para entrar en el domicilio de una empresa que había tributado por debajo de la media del sector, argumentó que no se podía permitir el acceso por una «corazonada» o un propósito «meramente prospectivo».

La sentencia, además, dictó que la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, como exigen los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria. La reforma que promueve Hacienda modifica el artículo 113 para que permita la entrada en las labores preparatorias de la inspección, antes de iniciarla.

En las enmiendas, el PSOE asegura que no busca modificar el esquema del procedimiento inspector, que se inicia con la notificación para que el contribuyente se persone, o con la personación de la Inspección en la empresa. Dice que desarrolla el artículo de la Ley General Tributaria sobre la autorización judicial para establecer que ésta «deberá estar debidamente justificada» y motivada. De esta forma, la solicitud y la autorización judicial podrán practicarse antes del inicio formal del procedimiento. La solicitud deberá incluir el acuerdo de entrada de la autoridad administrativa. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ya ha advertido de la posible inconstitucionalidad de esta iniciativa.

Se preveía que la norma quedara definitivamente validada sin cambios en la Cámara Alta, pero la inclusión ayer de una enmienda que congela la subida del impuesto de matriculación (ver información adjunta), con el voto en contra de PSOE y Podemos, podría llevar a que finalmente haya debate. Ayer también se introdujo una enmienda de ERC que encomienda al Gobierno encargar a expertos independientes una medición de la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral, desagregado por territorios, sectores e impuestos, en un informe que deberá ser debatido por las Cortes. Salió adelante con el voto del PP, Vox, ERC, y PDeCAT y, esta vez, sí, Podemos, mientras que el PSOE, el PNV y el PRC votaron en contra y Cs se abstuvo. Estas dos enmiendas se aprobaron ayer a pesar de que la Comisión no votó las enmiendas una por una, sino que agrupó las que se habían acordado el martes pasado en una sola votación, lo que fue criticado por Podemos y Vox.

También se ha introducido una enmienda del PP para modificar la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio dirigida a equiparar el tratamiento fiscal de los residentes con los no residentes en los mismos términos que ya se contemplan para Sucesiones.

Sin embargo, no ha habido acuerdo sobre enmiendas del PSOE que no concitan consenso, como la que asesta un golpe a los pactos sucesorios de algunas comunidades o la que dificulta el ejercicio de los agentes de aduanas.

La semana pasada, la Cámara Baja reactivó la tramitación de la norma, paralizada en diciembre por discrepancias entre el PSOE y Podemos. La nueva consigna ha sido que la formación morada podía transaccionar enmiendas de grupos que no fueran su socio de gobierno.